Las comisiones de Seguridad y de Legislación General de la Legislatura de Córdoba aprobaron este jueves por la tarde un despacho por mayoría que, en base a un proyecto del legislador Miguel Siciliano, insta a que la provincia de Córdoba adhiera a la emergencia penitenciaria vigente en el ámbito nacional durante tres años.
El proyecto de ley 42251 introducido por Siciliano también solicita a los legisladores nacionales por Córdoba que propicien la construcción de un establecimiento carcelario federal en la provincia para el alojamiento de presos federales y la cancelación de deudas que el Gobierno nacional adeuda a la Provincia.
La iniciativa contempla “la gravedad de la situación actual del sistema penitenciario” en la provincia de Córdoba, y también “la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y sostenidas para garantizar condiciones dignas de detención y resguardar la seguridad pública”.
La reunión conjunta fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Seguridad, Nadia Fernández, y la titular de la Comisión de Legislación General, Victoria Busso.
Fernández planteó que la intención del proyecto es que la provincia de Córdoba “esté considerada y contenida en una política nacional penitenciaria que, hasta el momento, no es tal, al menos en término de recursos”. Y agregó: “Es una decisión inteligente, constitucional y necesaria que Córdoba adhiera a esta emergencia penitenciaria nacional”.
En la actualidad, el sistema penitenciario de la provincia de Córdoba alberga más de 16 mil presos y la población carcelaria viene en crecimiento, al punto de que este año aumentaría 28 por ciento. Según Fernández, cada preso cuesta 30 mil pesos diarios al Estado.
Fundamentos
En sus fundamentos, el proyecto de ley indica que las causas de las declaraciones de emergencia penitenciaria son “la saturación de los sistemas carcelarios; la sobrepoblación; la desproporción entre cantidad de internos alojados y aprehendidos y el personal penitenciario; la sobrecarga laboral y funcional de los agentes; el desgaste propio que ocasionan las tareas de seguridad; los recambios por retiros voluntarios u ordinarios; la diferencia generacional y de experiencia de los nuevos ingresantes; y el deterioro y quiebre que aparejó la pandemia a nivel local y mundial”.
También señala que el Estado nacional mantiene con la provincia de Córdoba “una deuda histórica proveniente de los gastos de alojamiento y custodia respecto de los internos federales alojados en distintos establecimientos penitenciarios y complejos carcelarios de la provincia, y bajo la custodia del Servicio Penitenciario de Córdoba, sufragando desde el erario local la diferencia de sus gastos”.
Y plantea “la demora inmotivada respecto del compromiso de la Nación sobre la construcción de una cárcel para presos federales en la provincia, teniendo presente que las provincias que limitan con Córdoba cuentan en su territorio con establecimientos construidos y operativos, bajo el resguardo del Servicio Penitenciario Federal”. Al respecto, cita a las provincias de Santiago del Estero, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.
Principales aspectos
En el articulado del proyecto, se estipula que la provincia de Córdoba adhiere a la declaración de “emergencia en materia penitenciaria” que rige a nivel nacional, dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación por resolución del 17 de abril de 2024 y que prorroga dos resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 25 de marzo de 2019 y del 28 de abril de 2022. La adhesión a la emergencia penitenciaria es por el término de tres años.
Otro artículo suspende transitoriamente, mientras se encuentre vigente la declaración de emergencia, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 61, 70 y 76 de la ley 9.235 (Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba) y sus modificatorias.
Además, la iniciativa designa al Ministerio de Justicia y Trabajo provincial como autoridad de aplicación de la ley.
También faculta a la autoridad de aplicación a disponer en el sistema carcelario provincial (durante la vigencia de la declaración de emergencia) “de todas las acciones necesarias para solucionar situaciones extraordinarias o urgentes que requieran el auxilio o intervención del Estado provincial en el área de su competencia”.
Finalmente, faculta al Ministerio de Economía y Gestión Pública “a realizar los ajustes presupuestarios que se requieran dentro del ámbito de su competencia y sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley”.
El otro aspecto destacado del proyecto es que instruye a los senadores y diputados nacionales por Córdoba a que promuevan en lo inmediato ante el Congreso de la Nación y el Ejecutivo nacional las normas legales que dispongan “la ejecución urgente de las obras necesarias para la construcción en la provincia de Córdoba de un establecimiento carcelario federal; y la cancelación y el ajuste de las deudas que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia por el alojamiento de presos federales en los establecimientos provinciales”.
Legisladores de la oposición plantearon algunas objeciones al proyecto.
