Audionota: Mariano Muñoz
Con la consigna casi publicitaria que propagó el gobierno ya desde la campaña eleccionaria: “Delito de adulto, pena de adulto”, la Reforma Penal Juvenil avanza a paso firme en el Congreso y es uno de los pilares de la mentada transformación libertaria.
El proyecto tiene puesto el foco en la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años, aunque demanda de otras cuestiones estructurales que también son determinantes.
En la actualidad, los menores de 16 años que cometen delitos en nuestro país no son pasibles de ser sometidos a un proceso penal.
Pese a que el cambio buscado tiene gran consenso social, apenas menos del 3% de todos los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires son ejecutados por menores. Y ese porcentaje disminuye aún más en los casos de homicidios.
La reforma abrirá la posibilidad de que jóvenes de 14 y 15 años, una vez comprobada su intervención en un hecho delictivo, pueden recibir hasta 15 años de detención.
Claro que la privación de la libertad sería el último recurso -para los delitos graves- y se buscará fundamentalmente la resocialización de los menores.
Fuerte incremento de la intervención de menores en los robos de motos
Una de las dudas de los opositores está puesta en si, en un contexto de recortes, se destinarán los fondos necesarios para semejante reestructuración, teniendo en cuenta que los adolescentes no van a tener contacto con presos que son adultos.
Más allá de la pirotecnia legislativa, dos jueces en lo penal con muchos años de trayectoria, que conocen de cerca la problemática y son voces autorizadas para analizar la idea, dieron su opinión.
Se trata de la doctora Natalia Giombi, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Bahía, y su par Carlos Pagliere (h), integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul.
Discutir lo importante
“Lo que más llama la atención es que todo el debate se circunscribe a la edad y se pasan por alto cuestiones técnicas que hacen a la implementación del régimen y que contradicen todo lo que tiene que ver con la normativa internacional”, sostuvo la jueza Natalia Giombi.
“Lo importante para quienes trabajamos en el fuero es que bajar la edad de punibilidad no va a llevar una respuesta a la sociedad o esa respuesta que está reclamando”, agregó.
Sostuvo luego que “el abordaje de la problemática adolescente con los delitos, claramente no requiere solamente ese aspecto, sino una estructura de un Estado que involucre los tres poderes”.
“En lo que tiene que ver con el Legislativo, que se incorporen cuestiones sobre los recursos, con el presupuesto que se va a implementar y la estructura que para una ley semejante”.
También se necesita un Poder Judicial “que efectivice esa norma” y “un Ejecutivo -incluso el municipal- en relación con los centros locales, de referencia y alojamiento. Todo eso hoy es escaso y lo sería mucho más si baja la edad de punibilidad”.
Giombi consideró que “todas esas cuestiones se dejan de lado y no son el foco de la discusión”.
A modo de ejemplo describió que hoy en el Centro de Referencia bahiense (sería el Patronato de Liberados en el caso de los mayores, para el control de quienes están procesados pero en libertad) “trabajan unas pocas personas”.
“Para mi es muy fácil imponer una pena, pero luego el que tiene que disponer el lugar de alojamiento es el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, hoy en la ciudad no hay un sitio para el cumplimiento de la sanción de un joven”, remarcó.
La jueza admitió que la baja de la edad de punibilidad “puede que sea un reclamo de la comunidad”, pero que hay que saber que “con eso solamente no vamos a estar dando una respuesta adecuada”.
“La conflictiva penal adolescente requiere de otra estructura, ingeniería o articulación. Por eso se habla de la corresponsabilidad, que implica muchas otras cosas y no son puestas a consideración”.
“La pregunta es si resulta tan necesario bajar la edad o lo que se requiere es brindar herramientas a los chicos que están en estas situaciones para que se alejen de este tipo de conductas.
“Debemos interrogarnos acerca de cuál es la respuesta adecuada para este tipo de situaciones y en una sociedad como la actual”, cerró.
Limitar a los 13
Para el juez Pagliere (h) es “una ficción jurídica insostenible” presumir que todo menor de 16 años es incapaz de comprender la criminalidad de sus actos.
Explicó que el derecho penal no tiene la función de resolver la pobreza, la exclusión ni el fracaso educativo sino “regular la conducta humana y marcar con claridad la frontera de lo intolerable”.
Según Pagliere, no puede ser creíble que un joven de 13, 14 o 15 años que empuña un arma, comete un robo, un homicidio o un ataque sexual no comprenda el daño que provoca.
Dijo que la psicología evolutiva y la neurociencia confirman, con el suficiente consenso de autores —Morse (1997), Grisso (2003), Smetana (2006), Waglan y Bussey (2015)—, que a partir de los 13 años los menores pueden ser destinatarios de sanciones penales.
“A esa edad, los adolescentes ya han alcanzado el umbral mínimo de racionalidad que les permite adquirir la capacidad psíquica necesaria para comprender la ilicitud de sus acciones, especialmente en casos de delitos graves”, afirmó, en declaraciones públicas.
Aclaró, incluso, que el Código Civil marca los 13 años como “fin de la niñez e inicio de la adolescencia, otorgando capacidad para actos jurídicos relevantes” y que el Código Penal “admite discernimiento para el consentimiento sexual a la misma edad”.
Pagliere destacó que en América Latina (Brasil, Méjico, Uruguay, Chile y Colombia) casi todos los países fijan la punibilidad entre los 12 y los 14 años, mientras que en Europa hay países con marcas más bajas (Inglaterra, en 10 años).
“Suele repetirse que la criminalidad juvenil se previene con educación y contención social. Nadie, en su sano juicio, discutiría eso. Pero, tras décadas de políticas que no han logrado frenar el crecimiento sostenido de la intervención de adolescentes en crímenes graves, ya no alcanza con repetir consignas.
“La educación y la contención son esenciales, pero también lo es el derecho penal. Y no son excluyentes: son las dos caras de un Estado responsable que, ante todo, brinda protección a los jóvenes en riesgo, pero, llegado el caso, garantiza justicia a las víctimas del delito”, sostuvo.
Obra que quedó en promesa
Anuncio. En 2018, el entonces ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, anunció la construcción en Bahía de un centro de admisión y derivación de menores en conflicto con la ley. Se llamó a una licitación, pero luego se suspendió.
Vital. La obra era considerada vital para la ciudad, porque hoy no existe lugar para alojarlos y se los debe trasladar a más de 350 kilómetros de Bahía, lejos de sus familias y en contra del consejo legal.
Presupuesto. A fines de 2021 se volvió a anunciar la inclusión de la obra (proyectada en un predio de 7.500 metros cuadrados ubicado en Espora) en el presupuesto 2022, aunque otra vez la iniciativa quedó en el intento.
