El gobierno nacional pidió hoy el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación. Una de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.
El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.
Noticias Relacionadas
En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.
En la nueva versión se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años y ahora la administración que conduce Javier Milei analiza subir el mínimo a 14 para garantizarse más respaldos.
Según fuentes de La Libertad Avanza la idea es reenviar el texto con las modificaciones en lo inmediato, tras las conversaciones encabezadas por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para intentar conseguir dictamen mañana y que la iniciativa se empiece a tratar el jueves en Diputados.
El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado ese tope era de 20 años.
Los delitos menores no tendrían sanciones privativas de libertad sino que se activarían tareas comunitarias y la obligación de reparar el daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso.
El gobierno también prevé la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.
El peronismo en general, sobre todo el kirchnerismo, se opone a esta reforma. De todos modos, Milei confía en que el proyecto será aprobado.
El Congreso será escenario esta semana de otra batalla clave para el gobierno. Mañana en el Senado se debatirá la Reforma Laboral y, según el oficialismo, ya consiguió los votos para su media sanción.
