En la 19ª sesión de la Legislatura de Córdoba y con el voto mayoritario de los bloques parlamentarios, este miércoles a la noche se convirtió en ley un proyecto del Ejecutivo provincial que crea el “Régimen de incentivo a las inversiones, la innovación y el empleo”.
La iniciativa contempla un nuevo cuerpo normativo para las inversiones industriales, con el objetivo de fomentar, estimular y promocionar el desarrollo industrial en la provincia de Córdoba.
De esta manera, se instaura un régimen de promoción con beneficios impositivos por el plazo de 10 años a nivel general y que llega a 15 años para las zonas Noroeste y Sur provincial.
En el recinto, estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Fernando Sibilla, y miembros de su gabinete, junto al presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), José Manuali, y demás autoridades de la entidad empresaria.
Precisamente, la cartera productiva provincial y la UIC fueron quienes establecieron las propuestas que dieron inicio al proyecto que tomó estado parlamentario, impulsado por el Ejecutivo cordobés.
Este proyecto contó con aportes y consideraciones acordadas en la Comisión de Industria y Minería de la Unicameral, previo a su despacho.
La sesión fue conducida por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Por momentos, también dirigieron el pleno el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta de la Cámara, Julieta Rinaldi.
La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Industria y Minería, Verónica Navarro Alegre, quien señaló: “La Provincia lleva varias décadas de políticas de promoción industrial, con radicaciones e inversiones que permiten constituir el perfil productivo de Córdoba. Con esta norma, se busca unificar todas las leyes anteriores, lo que nos permitirá impulsar las inversiones, fomentar la incorporación de tecnología, y promocionar, incentivar e impulsar la creación de puestos de trabajo”.
Según menciona el texto de la ley aprobada, se prevén estabilidad fiscal, exenciones impositivas, ventajas incrementales para determinadas localizaciones e incentivos para la radicación en parques industriales, entre otros beneficios. Así, se consolidará el carácter federal y territorial de la política de promoción industrial de Córdoba, además de incorporar herramientas para otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones.
Los alcances del régimen
El “Régimen de incentivo a las inversiones, la innovación y el empleo” se propone implementar una política de incentivos a inversiones industriales en activos fijos, en industria 4.0 y en la radicación en parques industriales, a los que se les eximirá el pago de impuestos a los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario Urbano por un período de 10 años.
Además, las pymes recibirán una asignación estímulo a la capacitación, por el plazo de un año, por cada nuevo trabajador incorporado.
Asimismo, la ley impulsa el fomento a la integración de cadenas de valor, la agregación de valor, la bioeconomía y el desarrollo de economías regionales, como también la cohesión económica y social a través de un desarrollo armónico en la provincia.
También establece regímenes especiales con más beneficios para las actividades productivas radicadas en las zonas Noroeste y Sur de la provincia de Córdoba.
La Secretaría de Industria provincial asume el rol de autoridad de aplicación, mientras que aquellas normas con incidencia en cuestiones tributarias requerirán la intervención de la Unidad de Asesoramiento Fiscal de la Secretaría de Ingresos Públicos.
En síntesis, la propuesta busca eficientizar y dinamizar la asignación de los recursos del Estado, mediante el abordaje integral de la promoción industrial por parte de todas las áreas de gobierno con incumbencia en la materia.
Control, financiamiento y rendición de cuentas
La normativa establece a la Secretaría de Industria como la autoridad de aplicación encargada de dictar las normas reglamentarias y operativas, requiriendo la intervención de la Secretaría de Ingresos Públicos en cuestiones tributarias. Asimismo, se implementan mecanismos de control, auditoría y un régimen de sanciones para penalizar los incumplimientos normativos.
En materia de financiamiento, se faculta al Poder Ejecutivo a acordar líneas de crédito especiales a través del Banco de Córdoba, aunque esta medida no representa un beneficio automático para todas las empresas. A su vez, el alcance de los incentivos está supeditado a los cupos presupuestarios anuales determinados por la Ley de Presupuesto.
Finalmente, se instituye la obligación de rendición de cuentas a través de un informe anual que el Ejecutivo debe remitir a la Legislatura y difundir en el Portal de Datos Abiertos. Este reporte incluirá datos sobre beneficiarios, inversiones, empleo y sanciones, aunque el dictamen no establece metas cuantitativas específicas a cumplir durante su vigencia.
