

La catástrofe climática que generó una inundación sin precedentes en Bahía Blanca puso la vara de la autoexigencia política bien alta,
porque las primeras estimaciones dan cuenta que las pérdidas materiales en algunos casos son irreparables.
No son tiempos para remolones ni para andar haciendo oportunismo político partidario. Es muy difícil manejar situaciones traumáticas que dejan marcas y pueden aumentar la impaciencia social.
Por supuesto, las devastadoras consecuencias del trágico temporal que afectó suelo bahiense y ciudades aledañas, modificaron la agenda política y legislativa en la provincia de Buenos Aires. Ya sea, por un fuerte sentimiento de empatía o algunos síntomas de sensatez política, la temática electoral fue cancelada hasta nuevo aviso.
Desde las diagonales se puede advertir la escalada de medir desde lo simbólico, “quien pone mayor ayuda monetaria” entre el Gobierno nacional o la Gobernación bonaerense en un frenético y sutil reparto de culpas.
Como se sabe, el peor escenario podría ser que cualquier maniobra de especulación política no haga más que potenciar (frente a síntomas de ansiedad, angustia y trastornos emocionales por pérdidas humanas y materiales) el descontento generalizado contra los viejos manuales de la política.
Este desastre natural, lejos de ser un hecho aislado, se convierte en un espejo que refleja las tensiones y desafíos del escenario político bonaerense. Las inundaciones encendieron el debate político con acusaciones cruzadas entre oficialismo y la oposición -todavía en voz baja por la magnitud de la tragedia- que parecen estar destinada a prosperar en el tiempo, una vez que las aguas bajen.
Este escenario de polarización política, que tanto el gobernador Axel Kicillof, como el presidente Javier Milei se encargan de alimentar cotidianamente, dificulta la búsqueda de soluciones a largo plazo y la implementación de políticas públicas efectivas en materia de gestión de riesgos y planificación urbana.
Los anuncios de la Provincia como parte del “plan de reactivación“, que contempla una inversión superior a los $ 273 mil millones para el municipio bahiense, significó una “respuesta rápida” de contención social.
A nivel nacional, el gobierno libertario también autorizó una ayuda inicial de $10 mil millones, una cifra que representa sólo un pequeño porcentaje de lo necesario para reconstruir la infraestructura urbana. Poco después y apurado por las circunstancias, el presidente Milei, creó un fondo especial de $200 mil millones para asistir a los damnificados de manera “directa, proporcional, y sin intermediarios”.
Es decir, sin que esos recursos económicos pasen por La Plata. Otra señal de desconfianza con la administración de calle 6. Además, la Casa Rosada cuestionó a Kicillof por la supuesta “utilización política” de la tragedia.
En teoría, el Gobernador y su ministro de Economía, Pablo López quien está al frente de las readecuaciones presupuestarias puede tener “otra carta bajo la manga” como recurso para ser utilizado en un momento oportuno. Y ese momento puede haber llegado.
El Ejecutivo podría insistir ante la Legislatura con un pedido de autorización de endeudamiento. El pedido inicial del Gobernador era contar con el aval legislativo para refinanciar los compromisos de deuda que tiene que afrontar este año, pero ahora nadie se anima a descartar que en ese proyecto se incluya una tajada vinculada con la asistencia directa.
Mucho más, después del pedido público de Kicillof a Milei para que una “porción” del nuevo préstamo del FMI sea destinado a la reconstrucción de Bahía Blanca.
Este cruce de expresiones “cruzadas” permite deducir que sólo siguen la agenda mediática coyuntural, como ocurrió hace un par de semanas atrás, cuando Nación planteó una intervención federal sobre la Provincia por la ola de inseguridad y pidió la renuncia del mandamás provincial.
Por supuesto, negar los efectos del cambio climático es tan grave como la decisión del gobierno nacional de desmantelar a gran escala
la realización de obras públicas. Kicillof se muestra reacio a la postura liberal y no deja de señalar la necesidad de que haya un Estado presente que no deje de lado los trabajos de infraestructura.
Hasta el expresidente Mauricio Macri salió a cuestionar el accionar adoptado por el gobierno libertario y respaldó la necesidad de que el Estado intervenga en la planificación de obras hidráulicas que permitan, en el mediano y largo plazo, mitigar la situación en materia ambiental.
Mientras tanto, el tablero político bonaerense se sacude con una discusión que podría alterar significativamente el proceso electoral de 2025 por dos cuestiones clave: la suspensión de las PASO y el posible desdoblamiento de los comicios bonaerenses. Kicillof sabe que cualquier decisión apresurada podría generar fisuras en la coalición oficialista gobernante. Tampoco es un dato menor que los exsocios de Juntos hayan decidido armar un inminente cónclave en las diagonales.
El desembarco podría leerse como un virtual re lanzamiento de la otrora alianza victoriosa. Pero también como un globo de ensayo para obligar a los armadores libertarios de Milei a sentarse sin la exclusividad de la lapicera.
Lo cierto es que de darse una nueva edición de Juntos en la Provincia, buscada o no, sería una de las mejores noticias que recibiría el Gobernador. La división del voto opositor le permitiría respirar tranquilo y, a priori, asegurarse un necesario triunfo electoral en las legislativas 2025 para sus aspiraciones presidenciales. Y de paso, cargarse a la oposición interna de La Cámpora.