Durante más de dos décadas, Mariska Hargitay fue para millones de espectadores el rostro de la justicia televisiva gracias a su papel como Olivia Benson en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales. Desde 1999 interpreta a la detective especializada en delitos sexuales y convirtió a ese personaje en uno de los más queridos de la pantalla chica. Pero, fuera de cámara, la actriz consiguió un impacto todavía mayor: lideró una campaña que ayudó a transformar el tratamiento legal de miles de casos de abuso sexual en los Estados Unidos.
La intérprete, de 62 años, celebró recientemente un avance histórico relacionado con el acceso y procesamiento de los llamados “kits de violación”, pruebas forenses fundamentales en investigaciones por agresión sexual. A través de su fundación, impulsó cambios legislativos que ya adoptaron 50 estados. Se trata de una de las reformas más importantes de los últimos años en materia de asistencia a víctimas.
El kit forense es un conjunto de muestras médicas y biológicas que se recolectan luego de una denuncia por abuso sexual. Su análisis puede servir para identificar agresores, reconstruir hechos y fortalecer expedientes judiciales. Sin embargo, durante años miles de esas pruebas quedaron almacenadas sin revisar en depósitos policiales y laboratorios, lo que retrasó investigaciones y dejó numerosas causas sin resolución.
Ahora, las reformas que hicieron los estados exigen, entre otras cosas, la presentación y el análisis de todos los kits pendientes, además de un seguimiento riguroso de cada caso y la implementación de mecanismos para que las sobrevivientes puedan conocer fácilmente el estado de sus kits.
Y esto no se consiguió de la noche a la mañana. Hargitay lleva años detrás de este tema. En 2004 creó la Joyful Heart Foundation, una ONG dedicada a asistir a sobrevivientes de violencia sexual, doméstica e infantil. La entidad brinda acompañamiento, impulsa campañas públicas y promueve reformas legales orientadas a mejorar la respuesta estatal.
Desde que se lanzó en el activismo, la actriz tomó contacto directo con testimonios de víctimas, abogados, fiscales y especialistas, algo que la marcó profundamente. Según contó en distintas entrevistas a lo largo del tiempo, interpretar durante tantos años a una detective enfocada en estos delitos la llevó a comprender fallas estructurales del sistema judicial y las enormes dificultades que enfrentan quienes denuncian.
Desde entonces, una de sus principales luchas fue terminar con el atraso de pruebas sin procesar. Bajo la campaña End the Backlog, su organización promovió leyes para que cada jurisdicción inventaríe, rastree y analice ese material en tiempo y forma. También impulsó protocolos para informar a las víctimas sobre el estado de sus casos, una demanda histórica de colectivos feministas.
Además, Hargitay también produjo el documental I Am Evidence, centrado en historias reales de sobrevivientes y en la negligencia institucional frente a estos casos. El film, estrenado con repercusión internacional, reforzó el debate público y sumó presión para acelerar reformas en distintos estados.
El reciente logro no significa que el problema esté completamente resuelto, pero sí representa un cambio profundo en un tema históricamente postergado. También consolida a Hargitay como una figura singular de Hollywood: una estrella que usó su fama para intervenir en la realidad. Y confirma que, a veces, un personaje nacido en la ficción puede abrir caminos concretos de justicia fuera de la pantalla.
